Beneficiario controlador: ¿quién se encuentra detrás del velo jurídico?

Autor: Alfonso Manzanilla Esquivel

Marzo - Abril 2024 Revista Abogado Corporativo

Detrás de una empresa u organización, existe una gran maquinaria trabajando para conseguir el propósito para el cual fue creada. En la mayoría de los casos, hay una importante cantidad de sujetos colaborando para lograr el éxito de la misma; sin embargo, son un número determinado quienes toman decisiones, ejercen el control y obtienen directamente los beneficios y utilidades del negocio. En primera instancia, para saber quiénes son los beneficiarios controladores de una empresa, basta con revisar quiénes integran el cuadro accionario, quiénes son los miembros del órgano de administración, quiénes tienen facultades suficientes para determinar el curso de la empresa, o bien para comprometer su patrimonio. En algunos casos, realizar esta revisión es muy sencillo, pero en otros hay que enfrentarse con estructuras empresariales bastante complejas, que implican cadenas muy extensas de titularidad y fideicomisos intrincados. Esto obliga a obtener una radiografía completa de toda la estructura para poder tomar una determinación y responder a la pregunta planteada.

ANÁLISIS

El ingenio legal ha diseñado estructuras jurídicas de gran complejidad para las empresas, que son velos jurídicos de protección y secrecía que no permiten identificar o reconocer a simple vista quién detenta el control y quién obtiene el beneficio del negocio. Desde el año 2000, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

A partir de ello y durante 2012, adoptamos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); posteriormente y a finales de 2021, se aprobaron las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), respecto del concepto de beneficiario controlador y la cadena de titularidad. Como se puede notar, formamos parte de una tendencia internacional que persigue el combate del lavado de dinero, entre otros delitos transnacionales en materia financiera. Con estas recientes normas, consecuentemente, también hay nuevas obligaciones para todos los jugadores en el tablero: bancos, fedatarios y empresarios. Ha sido un gran reto para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y para quienes lo auxilian en esta difícil tarea: permear, en los usuarios del sistema financiero, el espíritu de esta obligación. Se sabe que esta solicitud implica para las empresas proporcionar información sensible y confidencial, pero hay que tener presente que las consecuencias de la omisión en su cumplimiento se traducen en multas de alta cuantía; no se trata de unos cuantos miles, pueden llegar a superar los millones de pesos. Cabe señalar que, si México no garantiza los mínimos recomendables por el GAFI, corre el riesgo de ingresar en sus listas grises y negras; esto se traduce en mayores controles financieros y hasta restricciones en la comunidad internacional, lo cual, estratégicamente, es poco recomendable. El propósito de estas nuevas reformas es saber a detalle quiénes son los verdaderos beneficiarios controladores en las transacciones cotidianas y así evitar opacidad en las mismas, descubriendo los famosos “velos” jurídicos. Piense en una cebolla, la cual tiene varias capas que hay que ir levantando para llegar a su núcleo, donde está la respuesta de quién es el beneficiario controlador. También se pueden usar como ejemplo las muñecas rusas (matrioscas). Al final, la pretensión de esta ley es identificar a las personas de carne y hueso que se esconden detrás de todo un complejo entramado jurídico.

Si aceptamos que esta nueva regulación es una obligación que ha venido para quedarse y que no solamente ha sido impuesta a los fedatarios públicos y a las instituciones financieras, sino también a las mismas empresas, empezaremos a construir una nueva cultura financiera de transparencia y confianza internacional.